Jueves, Octubre 23, 2025 - 15:53

La inteligencia artificial en la administración local: entre la eficiencia y la responsabilidad jurídica.

En los últimos años, las administraciones locales han iniciado un proceso de transformación digital sin precedentes. La pandemia aceleró la adopción de herramientas tecnológicas para la gestión de expedientes, la atención ciudadana o la tramitación de subvenciones. Hoy, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) plantea un nuevo salto cualitativo: un escenario en el que los algoritmos no solo asisten, sino que deciden o predicen parte de la actuación administrativa.

La aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) marca un antes y un después. Esta norma, que será plenamente aplicable en los próximos dos años, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece obligaciones específicas para los que se utilicen en el sector público. Entre ellas destacan la evaluación previa del impacto en derechos fundamentales, la trazabilidad de los datos y la supervisión humana efectiva.

Para los ayuntamientos y diputaciones, el reto no es menor. La IA se presenta como una oportunidad para mejorar la eficiencia, reducir cargas administrativas y personalizar servicios públicos, pero también como un riesgo jurídico si se utiliza sin las debidas garantías. Un chatbot que asesora a los vecinos sobre tributos, un sistema que puntúa candidatos en un proceso selectivo o un algoritmo que prioriza expedientes urbanísticos son ejemplos de aplicaciones que, si no se controlan adecuadamente, pueden vulnerar principios esenciales del procedimiento administrativo: igualdad, transparencia, objetividad y motivación.

Garantías y control de legalidad

El artículo 103 de la Constitución exige que toda actuación administrativa se someta al Derecho y persiga el interés general. Si una decisión se basa en un algoritmo, ¿cómo se asegura su legalidad? Aquí cobran relevancia figuras como el secretario general y el interventor municipal, cuya función de control interno deberá adaptarse a los nuevos escenarios digitales. No se trata solo de fiscalizar el gasto, sino de verificar la validez jurídica de los sistemas automatizados que intervienen en los procedimientos.

La Ley 40/2015 ya prevé la actuación automatizada de las administraciones, pero la práctica local sigue mostrando carencias: falta de auditorías técnicas, escasa formación jurídica en materia de algoritmos y ausencia de protocolos de transparencia algorítmica. Resulta imprescindible que cada entidad local elabore un “registro de algoritmos”, accesible y actualizado, que identifique qué sistemas de IA se utilizan, con qué datos y bajo qué criterios de decisión.

Transparencia y confianza ciudadana

La legitimidad de la administración local se apoya, más que en la rapidez, en la confianza de la ciudadanía. Si un vecino percibe que un algoritmo le ha denegado una ayuda sin explicación comprensible, se erosiona esa confianza. Por ello, el principio de explicabilidad de la IA —es decir, el derecho del ciudadano a entender cómo y por qué se ha tomado una decisión automatizada— debe convertirse en un estándar básico del gobierno local digital.

Además, el uso ético de la IA debe integrarse en los planes de integridad institucional que las entidades locales están obligadas a desarrollar en el marco del Plan de Recuperación. La integridad digital es ya una extensión de la integridad pública.

Una llamada a la prudencia activa

El potencial de la inteligencia artificial en el ámbito local es enorme: detección temprana de fraudes, predicción de necesidades sociales, optimización energética, planificación urbana inteligente… Pero todo avance tecnológico sin respaldo jurídico sólido se convierte en un riesgo institucional.

Por ello, los municipios deben abordar la IA desde una prudencia activa: innovar, sí, pero con controles. Adoptar tecnología, pero siempre bajo principios de legalidad, ética y servicio público. La verdadera modernización administrativa no consiste en delegar decisiones en las máquinas, sino en usar la tecnología para reforzar la justicia y la transparencia de la gestión local.

ALCALDEALDIA