Jueves, Junio 4, 2026 - 12:15

Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social. Aspectos de interés para las entidades locales.

El BOE de 9 de abril de 2026 publicó la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social. La Ley establece un nuevo marco normativo para impulsar la economía social en España, reforzando su papel en la cohesión social, el empleo inclusivo y el desarrollo territorial sostenible. 

Introduce importantes modificaciones en:

• La legislación de cooperativas.
• La regulación de las empresas de inserción.
• La Ley de Economía Social.
• El régimen fiscal de determinadas cooperativas.

Para los ayuntamientos, la ley incide especialmente en contratación pública, políticas de empleo, servicios sociales, desarrollo local y lucha contra la despoblación.

1. Contratación pública: refuerzo de los contratos reservados.

Uno de los impactos más relevantes para las entidades locales afecta a la Ley de Contratos del Sector Público:

• Se refuerza la obligación de reservar contratos o lotes a: 
  • Empresas de inserción.
  • Centros especiales de empleo de iniciativa social.
• El porcentaje mínimo de reserva debe fijarse mediante acuerdo del órgano competente (también de las entidades locales).
• A falta de acuerdo, se establece un mínimo del 15 % sobre el importe global de los contratos de suministros y servicios incluidos en determinados CPV.
• En los contratos reservados: 
  • No será obligatoria la garantía definitiva (salvo justificación excepcional).
  • Deben incorporarse criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución de carácter social.

Recomendación práctica para ayuntamientos: revisar y actualizar las instrucciones internas y los pliegos de contratación para garantizar el cumplimiento de la reserva social y el uso de cláusulas sociales.

Acompañamos a la presente circular ANEXO ESPECÍFICO SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y CONTRATOS RESERVADOS, dirigido a Intervención y Secretaría municipal.

2. Empresas de inserción y políticas locales de empleo

La ley refuerza el papel de las empresas de inserción como instrumento clave de las políticas públicas de empleo inclusivo:

• Se amplía y actualiza el concepto de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, incluyendo perfiles como personas sin hogar, jóvenes extutelados, víctimas de violencia, personas inmigrantes, exreclusos, entre otros.
• Los servicios sociales municipales adquieren un papel central en: 
  • La acreditación de la situación de vulnerabilidad o exclusión.
  • El acompañamiento social en los itinerarios de inserción.
  • El seguimiento tras la incorporación al mercado laboral ordinario.
• Las empresas de inserción deben aplicar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, coordinados con los servicios públicos competentes.

Impacto municipal:

• Refuerzo de la colaboración entre ayuntamientos, servicios sociales, servicios públicos de empleo y entidades de economía social.
• Mayor seguridad jurídica para promover o participar en empresas de inserción desde el ámbito local.

3. Economía social y prestación de servicios de interés general

La Ley amplía y clarifica el ecosistema de la economía social:

• Se reconocen expresamente como entidades de economía social, entre otras: 
  • Empresas de inserción.
  • Centros especiales de empleo de iniciativa social.
  • Nuevas figuras de “empresa social”.
• Se declara a determinadas entidades como prestadoras de Servicios de Interés Económico General (SIEG), lo que: 
  • Facilita la compensación económica por la prestación de servicios públicos.
  • Garantiza la compatibilidad de estas compensaciones con la normativa europea de ayudas de Estado.

Interés para los ayuntamientos:

• Mayor seguridad jurídica para la encomienda, concierto o contratación de servicios públicos locales (sociales, ambientales, culturales, cuidados, etc.) a entidades de economía social.
• Refuerzo del uso de la economía social en la gestión de servicios de interés general.

4. Desarrollo local, cohesión territorial y reto demográfico

La ley incorpora la economía social como herramienta estratégica frente a la despoblación y el declive rural:

• Se prevé la elaboración de estudios y propuestas normativas para garantizar la viabilidad de servicios esenciales en zonas rurales (comercio, hostelería básica, farmacia rural, servicios administrativos, reparación, etc.).
• Se fomenta el desarrollo de iniciativas de economía social vinculadas a: 
  • Desarrollo rural.
  • Economía de los cuidados.
  • Transición energética y comunidades energéticas.
  • Producción alimentaria sostenible.

Oportunidad para los ayuntamientos rurales:

• Impulsar proyectos locales de economía social como alternativa para mantener servicios básicos y empleo estable en el territorio.

5. Cooperativas y entidades sin ánimo de lucro de interés municipal

La reforma de la legislación de cooperativas incorpora novedades relevantes cuando estas gestionan servicios públicos o de interés colectivo:

• Se actualiza la calificación de cooperativas sin ánimo de lucro que gestionan servicios de titularidad pública o actividades de inserción social.
• Se flexibiliza el uso del Fondo de Educación y Promoción en casos excepcionales, permitiendo: 
  • Actuaciones solidarias en municipios afectados por catástrofes.
  • Apoyo económico en situaciones de emergencia.

Esto puede resultar de interés en la colaboración público-cooperativa a nivel local.

6. Entrada en vigor

• La ley entra entró en vigor el día siguiente a su publicación en el BOE (9 de abril de 2026).
• Algunas obligaciones concretas, como la web corporativa obligatoria para grandes cooperativas, tienen un régimen diferido, sin impacto directo inmediato en las entidades locales.

Conclusión

La Ley 1/2026 refuerza el papel de los ayuntamientos como actores clave en:

• La contratación pública socialmente responsable.
• Las políticas de empleo e inclusión social.
• La prestación de servicios públicos a través de la economía social.
• La vertebración territorial y la lucha contra la despoblación.

Se recomienda a las entidades locales revisar sus prácticas de contratación, colaboración con entidades sociales y estrategias de desarrollo local para alinearlas con el nuevo marco normativo.

Mas información: https://www.boe.es/buscar/pdf/2026/BOE-A-2026-7967-consolidado.pdf

ALCALDEALDIA